La comisión de emergencia ambiental del Concejo Deliberante pidió al municipio ampliar las explicaciones sobre los vehículos compactados a principios de año. El grupo sugiere que hubo una “incongruencia” en los informes de 2025 sobre la destrucción de unidades secuestradas por la Dirección de Tránsito y solicita más datos al respecto. La administración capitalina afirma que cuentan con registros de cada expediente vinculado al proceso, y que están a disposición en el edificio de Lavalle y 9 de Julio.

El comité presidido por el radical Leandro Argañaraz debe realizar observaciones de cada informe trimestral municipal, en el marco de la emergencia ambiental. El que corresponde al período febrero-abril menciona como política pública implementada la compactación de vehículos municipales en desuso, “con el objetivo de garantizar una adecuada disposición final de las unidades móviles que ya no pueden ser utilizadas”. Más adelante en el escrito, el documento firmado por parte del gabinete de Rossana Chahla detalla que “una cantidad importante (de los coches destruidos) son de propiedad del municipio y están fuera de uso, y otros, son fruto de secuestros por parte de la Dirección de Tránsito (en su mayoría motos)”.

En aquel momento, la comisión solicitó -por iniciativa de la alfarista Ana González- un listado identificatorio con número de dominio, copia de los expedientes administrativos, autorizaciones de bajas, y requerimientos sobre otros ítems. El municipio respondió con un informe firmado por Sebastián Ruiz Toscano, secretario de Economía y Hacienda, y por Marcelo Albaca, contador General; y con otro elaborado por Benjamín Nieva, secretario de Movilidad Urbana.

En la capital: piden informes sobre vehículos municipales compactados

El primero aporta el listado de los 15 vehículos que fueron compactados (dos camionetas, 12 motos y una motoniveladora), con modelo y número de dominio. Además, informa sobre la empresa que realizó la compactación; aclara que no existió convenio con la Provincia para ello; e indica que el monto que se percibirá por dicha labor es de $627.000, que se incorporará a Rentas Generales.

En tanto, el informe de Nieva declara que “esta Secretaría de Movilidad Urbana no ha dispuesto ni ordenado procedimiento alguno de compactación de vehículos provenientes de secuestros en la vía pública” y que, en consecuencia, “no se han emitido actos administrativos que declaren bienes en estado de chatarra, ni se han tramitado actuaciones vinculadas a notificaciones a titulares registrales con ese objeto”.

Esto despertó dudas en la comisión, que en una nueva observación enviada a la Municipalidad la semana pasada, manifiesta que “ante la incongruencia” observada en los informes, “se solicita ratifiquen o rectifiquen si existen vehículos de terceros que fueron compactados”, y reitera el pedido de copias de los procedimientos administrativos de los coches municipales, “en especial copia íntegra de cada expediente de baja”.

Bienes públicos

La edila González reclamó que “esto carece de transparencia. Se les pide que adjunten y que sean serios al emitir los informes. Esta comisión está para controlar; es bochornoso que un primer informe diga una cosa, y el segundo otra”. “Estamos hablando de los bienes públicos de los vecinos”, insistió.

Consultado por LA GACETA, Albaca dijo que el operativo se realizó sobre bienes propios del municipio, y explicó cómo fue el proceso de selección de las bajas: primero se llamó a un auditor mecánico que fue quien declaró el estado de irrecuperabilidad de los vehículos, y seguido a ello, se ordenó la demolición. Durante el proceso se recibió colaboración de Cecilia Robles, encargada de la División de Compactación del Ministerio de Seguridad de la Provincia; no bajo convenio, pero sí para aprovechar la experiencia del Gobierno en la labor. El contador General aclaró que no se destruyó el total de los vehículos porque se rompió la máquina compactadora.

Compactan vehículos municipales en desuso

Acerca del procedimiento, Albaca comentó que “hay un proceso administrativo que se sigue cuando se va a hacer una venta de cualquier bien, atento a la ordenanza N° 570, que es la de Contabilidad”. “Por el monto del bien (en este caso, unos $600.000), a la venta la puede hacer un director o un secretario. Más allá de esas cifras, si es más de $4 millones, la tiene que hacer el intendente por decreto. Entonces, la venta de estos bienes, en carácter de chatarras, la puede hacer un director”, desarrolló. Sobre el detalle de cada expediente, el funcionario reiteró que está disponible para su consulta pública en el edificio municipal, sobre todo para los concejales que requieran la información contenida.